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El Plan de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal ya está aquí. Con su aprobación se espera, sobre todo, frenar la defraudación en el IVA, en el sector inmobiliario y  penalizar a todos aquellos que no declaren o que al hacerlo oculten ingresos.  A la práctica, esto significa un aumento de los instrumentos de control e investigación  con los que se dota la Agencia Tributaria.

Dicha Ley equivale a un paquete de medidas que dan continuidad al Plan de Prevención del Fraude Fiscal que  comenzó a dar sus primeros pasos en febrero de 2005. Estas normas responden al convencimiento del Ejecutivo de que el fraude fiscal perjudica a toda la sociedad, incluyendo a la empresas, en el sentido de que supone una competencia desleal. El plan contempla que un mayor contacto con los empresarios para advertirles sobre la nueva situación legal, minimice las prácticas y situaciones irregulares, tan “comunes hasta ahora”·.

Por lo que respecta a la lucha contra el fraude en el IVA, la nueva normativa estipula que a las empresas compradoras de bienes también se les puede exigir el pago del IVA que en su día no pagaron. Es decir, ahora Hacienda podrá  exigir una responsabilidad subsidiaria en el IVA a todas aquellas compañías que hayan adquirido mercancías y que no hayan declarado el IVA.

En los últimos tiempos se han descubierto muchas situaciones de irregularidad en el entorno empresarial relacionadas con las facturas falsas. Con el fin de poner fin a esta realidad, a las facturas emitidas por empresarios en régimen de estimación objetiva, se les aplicará una retención del 1%, cuando el destinatario sea un empresario.

Sin embargo, el ámbito estrella de esta ley es el inmobiliario, sobre el que recaerá una vigilancia hasta ahora inaudita. Algunos ejemplos de ello, son el aumento de los datos y la información requerida para inscribirse en el Registro de la Propiedad; o bien, la obligación de aportar la referencia catastral de todos los bienes inmuebles en la Declaración de la Renta.

Pero en esta ley no todo es tan desventajoso para el empresario como parece a simple vista. En un sentido más positivo, la ley premiará  a los contribuyentes cuando presenten, sin requerimiento previo, declaraciones fuera de plazo. Así que dichas declaraciones voluntarias serán recompensadas con una rebaja de 25% en los recargos que  estén obligados a pagar.

Así que una vez más, la procedimientos se endurecen y los controles aumentan. Es el momento de poner toda la carne en el asador para poder sacar provecho de las nuevas situaciones legales. Y para conseguirlo, es necesario un buen asesoramiento en el ámbito fiscal que nos permita aplicar correctamente la normativa en todo momento.